El Tribunal Constitucional peruano mediante Sentencia STC, de fecha 01 de marzo del 2016 y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 05 de agosto del 2016, emitida para resolver el Expediente N\u00b0 04846-2012-PA\/TC Lima (Proceso de Amparo), establece las consideraciones que corresponde evaluarse para identificar la existencia de alguna presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la debida motivaci\u00f3n de las resoluciones administrativas:<\/p>\n
En lo que refiere a la motivaci\u00f3n de los actos administrativos, este Tribunal, ha establecido que si bien esta exigencia no cuenta con un sustento constitucional directo, ello no obsta su reconocimiento como un principio constitucional impl\u00edcito en la organizaci\u00f3n del Estado Democr\u00e1tico de derecho, que se define en los art\u00edculos 3 y 43 de la Constituci\u00f3n como un tipo de Estado contrario a la idea del poder absoluto o arbitrario. En ese sentido, la sentencia reca\u00edda en el Expediente 2192-2004-AA\/TC, precis\u00f3 que:<\/p>\n
En el Estado constitucional democr\u00e1tico, el poder p\u00fablico est\u00e1 sometido al Derecho, lo que supone, entre otras cosas, que la actuaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n deber\u00e1 dar cuenta de esta sujeci\u00f3n a fin de despejar cualquier sospecha de arbitrariedad. Para lograr este objetivo, las decisiones de la Administraci\u00f3n deben contener una adecuada motivaci\u00f3n, tanto de los hechos como de la interpretaci\u00f3n de las normas o el razonamiento realizado por el funcionario o colegiado, de ser el caso.<\/p>\n
Y es que, dada la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la actividad administrativa y los derechos de las personas, la exigencia de una debida motivaci\u00f3n en las actuaciones administrativas se configura como una garant\u00eda de razonabilidad y no arbitrariedad de la decisi\u00f3n administrativa, esto es, una condici\u00f3n esencial para la vigencia efectiva del principio de legalidad que, a su vez, constituye un presupuesto ineludible en todo Estado de derecho [STC 00091-2005-PA\/TC, fundamento jur\u00eddico 9, p\u00e1rrafos 3 y 5 al 8].
\nEn tal perspectiva, es criterio jurisprudencial reiterado del Tribunal Constitucional el que la motivaci\u00f3n en sede administrativa [STC 0090-2004-AA\/TC, fundamentos 31 y 34]:
\n[\u2026] debe otorgar seguridad jur\u00eddica al administrado y permitir al revisor apreciar la certeza jur\u00eddica de la autoridad que decide el procedimiento; para ello no se debe utilizar las citas legales abiertas, que s\u00f3lo hacen referencia a normas en conjunto como reglamentos o leyes, pero sin concretar qu\u00e9 disposici\u00f3n ampara la argumentaci\u00f3n o an\u00e1lisis de la autoridad [\u2026].<\/p>\n